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Decreto revocatorio del poder ejecutivo - Frente Amplio en EE.UU. - Comité de base Líber Seregni
Frente Amplio en EE.UU. - Comité de base Líber Seregni

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Decreto revocatorio del poder ejecutivo

Viernes 1ro de julio de 2011, por Frente Amplio en Nueva York y Nueva Jersey

Visto: La ley Nº 15848 de 22 de diciembre de 1986;

Resultando : 1) Que la Ley Nº 15.848 de 22 de diciembre de 1986, de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, en su artículo 1º establece: “Reconócese, que como consecuencia de lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre

partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”;

2) que el Artículo 3º de la mencionada Ley dice: “A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio, de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente Ley. Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes. Si en cambio, no contestare o informare que se no se haya comprendido dispondrá continuar la indagatoria. Desde la fecha de promulgación de esta ley hasta que el Juez reciba la comunicación del Poder Ejecutivo quedan suspendidas todas las diligencias presumarias en los procedimientos mencionados en el inciso primero de este artículo”;

CONSIDERANDO: 1) que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, dictada el 24 de febrero de 2011 dispone en su numeral 11 que “El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatiblidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mimos, de conformidad con los párrafos 253 y 254 de la Sentencia”;

2) que el párrafo 254 dice “En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción,

irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y

que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”;

3) que la República Oriental del Uruguay ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos por medio de la Ley Nº

15.737 de 8 de marzo de 1985, y que por el artículo 16 de dicha ley se reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención, bajo condición de reciprocidad;

4) que tal como lo expresa el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado ha sido aprobada en un régimen democrático y ratificada por la ciudadanía en dos oportunidades, ello no ha legitimado el proceder de la República Oriental del Uruguay ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos;

5) que el párrafo 244 del fallo citado dice: “La Corte Interamericana concluye que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma y los artículos 1.b y IV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas…” y en el

párrafo 246 expresa: “En particular, debido a la interpretación y a la aplicación que se ha dado a la Ley de Caducidad, la cual carece de efectos jurídicos respecto de graves violaciones de derechos humanos en los términos antes indicados… ha incumplido su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención, contenida en el artículo 2 de la misma, en relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 del mismo tratado de los artículos 1.b, III, IV y V

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